La PSU y el debate sobre la educación superior: ¿inclusión o selección?

Columna del investigador del CPCE, Julio Labraña y el director de Vertebral Chile, Lepoldo Ramírez en La Tercera, sobre la PSU y el desarrollo de un sistema de educación superior técnico profesional.

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La dolorosa suspensión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y otros severos problemas tras las tomas de los recintos ha generado una serie de cuestionamientos al sistema de acceso a la educación superior universitaria. Sin embargo, la concentración de la discusión pública sobre los estándares de este instrumento –cuestión a nuestro juicio necesaria– ha resultado en que la discusión educacional se enfoque nuevamente en dicho subsector, sin prestar la debida atención a las decisiones necesarias para el desarrollo de un sistema de educación superior técnico profesional guiado por los estándares internacionales de calidad, equidad y pertinencia.

Múltiples factores explican esta forma de razonamiento, incluyendo el mayor prestigio social de la educación universitaria y la atención prestada, desde hace años, por los gobiernos de distinta orientación a este tipo de formación. Sin embargo, de la mano del proceso de masificación de la educación superior chilena, estas razones parecen haber perdido su capacidad de convencimiento. En efecto, la significancia de la matrícula del sector técnico profesional ha pasado de 30,6% de la matrícula de pregrado en 2000 a 37,6% en 2010 y 43,0% en 2018. De hecho, en 2019, los institutos profesionales y centros de formación técnica alcanzaron el 54% de la matrícula de alumnos nuevos, por sobre el 46% de los nuevos alumnos universitarios.

En este contexto, el tema del acceso a la educación superior técnico profesional adquiere una relevancia central. La definición de lineamientos para el sector técnico profesional es realizada a nivel del Ministerio de Educación con participación ocasional de otras agencias como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía. A su vez, organismos como la Corporación de Fomento de la Producción, los Consejos regionales y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo participan en la formulación de algunos objetivos de este sistema. Por el lado de las organizaciones, existen agrupaciones de instituciones técnico-profesionales, como Vertebral Chile, así como asociaciones con vínculos con sectores económicos e industriales, como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras o la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que participan en la discusión.

En términos generales, el marco regulatorio del sector permite que las instituciones de ESTP tomen decisiones de manera autónoma acerca del acceso. En este sentido, el desarrollo histórico reciente del sector ha estado marcado por la Ley General de Educación (2009), la cual distinguía entre educación formal e informal y, además, establecía los criterios mínimos para el reconocimiento de las instituciones educativas de naturaleza vocacional. Al respecto, durante los últimos cinco años se ha avanzado en la dirección de promover una mayor participación del Estado en la evolución del sistema mediante medidas como, por ejemplo, el Decreto Exento 848 “Política nacional de formación técnico profesional” (2016) del Ministerio de Educación y la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior (2018), normativas cuyo propósito declarado ha sido fortalecer la educación técnico profesional, definir estándares para esta formación y diferenciar la política pública respectiva según territorios.

A pesar de estas políticas tendientes a incrementar el control público sobre las actividades de las instituciones de educación superior técnico profesional, el sistema chileno de acceso a este sector es todavía altamente descentralizado. Al mismo tiempo, este sistema se ha configurado como un sistema esencialmente no selectivo, en tanto las instituciones, en contraste con las universidades, aspiran a la inclusión más amplia posible para cumplir su función de otorgar una educación inmediatamente habilitante para el trabajo.

Este objetivo va en contra del uso de una prueba estandarizado de acceso –como la PSU– para determinar el acceso a este sector. En efecto, la diversidad de experiencias, intereses y edades de los asistentes a centros de formación técnica e institutos profesionales, así como las expectativas dinámicas de los sectores laborales a los que ellos aspiran a ingresar tras cursar sus estudios, desaconseja la utilización de un patrón único para evaluar las competencias de los estudiantes. En su lugar, es necesario avanzar en un sistema de acceso que, garantizando el ingreso al sector y su coherencia con el marco estratégico de desarrollo de capital humano técnico profesional para el país, sea capaz de otorgar espacio e incentivos para que las instituciones de este sector reaccionen de manera flexible a las cambiantes demandas de estudiantes y empleadores.