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Programas Formativos / Doctorado en Educación Superior UDP/Universidad de Leiden

Derecho y política de la Educación Superior chilena: evolución, crisis y reforma

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Autor: José Julio León Reyes.

Año: 2018

La educación no es un bien de consumo sino un derecho social”. Desde las protestas estudiantiles de 2011 el debate sobre la política pública educacional en Chile quedó fijado en estos términos. El programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) puso en el centro de la agenda los objetivos de gratuidad e inclusión educativa, fin del lucro y fortalecimiento de la educación pública, con miras a desmercantilizar el sistema educativo. El 62% de votación que Bachelet obtuvo en la segunda vuelta y el triunfo de la Nueva Mayoría –la coalición de partidos de centro e izquierda que respaldó su candidatura– en las elecciones parlamentarias, elevó las expectativas de que impulsaría las “reformas estructurales” que había prometido. Nada hacía presagiar, cuando asumió en marzo de 2014, las severas dificultades que luego enfrentaría para concretar sus propuestas.
¿Qué significa, en el lenguaje jurídico y político de Chile, que la educación sea un derecho y qué connota específicamente el calificativo de “social”?; ¿Qué consecuencias prácticas para la política pública y las decisiones de los órganos del Estado con incidencia en la materia se siguen de esta concepción acerca del derecho a la educación?; y, con respecto a la educación superior (ES) chilena, ¿qué nuevos elementos deben agregarse y qué rasgos del actual estado de cosas deberían ser suprimidos o modificados para que pueda afirmarse, consistentemente, que nuestro sistema de ES ha abandonado la lógica del mercado (ha dejado de ser un bien de consumo accesible sólo para quienes pueden pagarlo) y ha quedado garantizado como un derecho, en el marco de un régimen público?

Para muchos políticos, académicos y estudiantes se trataba de recuperar el ideal del “Estado docente”, que habría inspirado las políticas educativas de la República antes de Pinochet, y erradicar el “modelo de mercado”, que sería una herencia de la dictadura que gobernó el país durante casi 17 años, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Después de todo, la ley que todavía rige la educación superior chilena fue una de las denominadas “leyes de amarre” del régimen militar y lleva precisamente la fecha del último día en que la Junta Militar ejerció el poder legislativo. Sin embargo, han transcurrido 28 años desde el retorno de la democracia y esa supuesta herencia sigue vigente. Más aún, tras 4 años de un gobierno que se propuso operar una “retroexcavadora” para demoler “los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura”, nuestro sistema de educación superior sigue tan privatizado como antes. ¿Es esto a causa de los “cerrojos” constitucionales diseñados en 1980 que resguardan el “modelo neoliberal”? Esta hipótesis, la más extendida en nuestro medio, no parece plausible y confrontarla será uno de los objetivos de esta tesis.

Tesis completa disponible en este enlace.