El destino de la revuelta: los futuros posibles de una crisis política

Columna de opinión de Julio Labraña, Investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas de Educación UDP, en El Líbero. 

En este contexto, está claro que nadie, ni los manifestantes ni el gobierno, así como tampoco las organizaciones civiles ni los analistas nacionales e internacionales, y con toda seguridad tampoco los estudiantes que primero empezaron a evadir masivamente el metro hace poco más de una semana, lograron anticipar qué acontecería estos días ni el alcance del malestar social. Apenas dos semanas antes de las protestas el Presidente Sebastián Piñera describía Chile como un «oasis de estabilidad» en el medio de la «convulsión» de América Latina. Hoy, este diagnóstico no puede parecer más lejano y muestra qué tan desacertados estaban muchos sobre las tensiones y malcontento que existían dentro del país.

En tal sentido, justamente por encontramos frente a tanta incertidumbre, es que se hace importante hacer un ejercicio, por así decirlo, de ‘futurología’, si no para prever la dirección precisa que tomarán los eventos (lo que requeriría de una bola de cristal más que de las herramientas de las ciencias sociales), por lo menos para delinear posibles escenarios futuros, junto con las condiciones necesarias para que ellos se desplieguen y las principales oportunidades (y riesgos) que cada una conlleva. Esperamos que este ejercicio ayude a poner un poco de orden (o al menos, reflexividad) en medio del aparente caos que rige la discusión política nacional acerca del fenómeno de crisis.

La vía de la reforma: aplacar el descontento y volver a la ‘normalidad’

Desde que las protestas se extendieron del metro a la calle y empezaron las manifestaciones masivas y los desmanes, el Gobierno ha puesto en acto dos estrategias con el fin de salir de la crisis. La primera, que empezó con la declaración del Estado de Emergencia y siguió con el establecimiento del toque de queda en un número creciente de ciudades del país, se dirigía a controlar y reprimir las protestas, y reestablecer, en las palabras de sus proponentes, el «estado de derecho» en el país. Por su parte, la segunda, empezada ya durante el segundo día de la crisis, se orientó a aplacar los ánimos otorgando respuestas aceleradas a lo que el Ejecutivo interpretaba como las demandas de los manifestantes. Así, el domingo, apenas dos días después del estallido, se aprobaba una ley que dejaba sin efecto el incremento de los precios del transporte público. Sucesivamente, y sobre todo a partir del jueves de la semana siguiente, el gobierno empezó a considerar otras demandas, promoviendo iniciativas aceleradas para responder a los petitorios avanzados por los dirigentes de los principales movimientos sociales: aumento de las pensiones y del Pilar Solidario, control de precios en medicamentos, incremento del ingreso mínimo, congelamiento de las tarifas eléctricas, mayores impuestos a los sectores de ingresos elevados, mecanismos de transferencia financiera entre comunas, entre otros. El Congreso, en la misma línea, aprobó de forma acelerada el proyecto de ley para reducir a 40 las horas laborales, otro punto a menudo subrayado en los petitorios, mientras que varios empresarios (como Andrónico Luksic) anunciaron su intención de colaborar con medidas redistributivas y ofrecieron subir el salario mínimo en sus empresas a niveles bien superiores a los propuestos por el ejecutivo.

Aunque ambas estrategias tienen en común la protección y restablecimiento de la normalidad, sus énfasis son bien distintos, lo que queda claro en los propios debates avanzados al interior de la Moneda. Si el martes en la noche, Sebastián Piñera y su Ministro del Interior hablaban de un estado de guerra y de la necesidad de proteger la democracia a cualquier costo, el día siguiente la mayoría de las carteras tomaban distancia de estas afirmaciones, prefiriendo alinearse con el concepto de ‘reconstrucción’ propuesto por la entonces intendenta de Santiago – y hoy vocera de gobierno – Karla Rubilar. Los dos énfasis recibieron también distintas reacciones: si muy pocas voces se levantaron, especialmente entre las filas de la izquierda, para apoyar la represión –y en efecto, esta se ha vuelto el principal objeto de acusaciones judiciales y constitucionales por violación de los Derechos Humanos– varios aplaudieron la apertura del ejecutivo al camino de la reforma, aunque para muchos, estas medidas no eran que un primer paso en el sentido correcto.

Esta estrategia del gobierno solo puede ser exitosa en la medida en que éste sea capaz de lograr la aprobación acelerada de las reformas que propone, confiando en el progresivo cansancio de los manifestantes y su deslegitimación como ‘saboteadores’ del orden y focos de violencia. Cabe decir, sin embargo, que muchos de los protestantes están bien conscientes del riesgo que, al dejar apagar las demandas, se termine volviendo rápidamente al antiguo status quo. Adicionalmente, razones históricas, como la desconfianza derivada de los resultados de la institucionalización de movilizaciones anteriores, hacen difícil que los protestantes confien en estas medidas. En la misma dirección, los cambios esperados, por su misma naturaleza, implican transformaciones a largo plazo cuyos efectos no pueden ser percibidos inmediatamente. Por último, no parece fácil generar un acuerdo político transversal – por una parte, el Presidente tiene escaso apoyo y, por otra, los partidos de la oposición no están inclinados a abandonar sus actitudes de sospecha frente al gobernante.

La vía de la constitución: un nuevo pacto social para Chile

La idea que Chile necesitaba un «nuevo pacto social» para asegurar la coexistencia social empezó a hacerse espacio durante el primer fin de semana de protestas, especialmente en las declaraciones públicas de organizaciones de la sociedad civil, para luego difundirse entre distintos actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. En tal sentido, si el primer camino pasa esencialmente por una reforma de corte tributario y por la extensión del estado de bienestar, la segunda vía requiere repensar de manera más radical la configuración institucional del país. Para sus sostenedores, el estallido social deriva de una desconfianza generalizada de la población en las instituciones políticas del país, fruto en parte de los reiterados casos de abuso, corrupción y otros escándalos que fueron revelándose durante los últimos años y, por otro lado, de la incapacidad del actual régimen político de desvincularse completamente del gobierno dictatorial y la Constitución del ‘80.

Tal como en el caso de la salida anterior, la idea de ‘nuevo pacto social’ puede tener distintas interpretaciones: algunas, más moderadas, llaman a un reforzamiento de los actuales mecanismos participativos, la creación de mesas de diálogo para definir una agenda de reformas de más largo alcance y, finalmente, el cambio de las autoridades de gobierno (demanda canalizada, aunque de manera muy limitada, por el reciente cambio de gabinete). Para otras posturas más radicales, el estallido social marca la incapacidad de la «transición a la democracia» de cumplir sus promesas y sólo puede solucionarse por la vía de un nuevo pacto social, centrado en una nueva Constitución construida por medio de una amplia participación de distintos grupos sociales y el empoderamiento de organizaciones de base. La revitalización de los ‘cabildos abiertos’ en distintas comunas del país responde al requerimiento para una mayor participación y una mayor cercanía de los espacios de debate y decisión política a la ciudadanía y, además, sugiere la necesidad de un recambio de la actual clase dirigente, que se percibe como muy alejada de la calle y sus verdaderas demandas.

El éxito de este futuro requiere, por un lado, la legitimación por parte de amplias franjas de la actual clase política de las demandas constituyentes, así como de los cabildos como espacio de debate ciudadano propedéuticos a una nueva asamblea constituyente. A la vez, demanda la capacidad de la política de canalizar las protestas callejeras en la dirección de una reforma institucional, aislando las franjas más destructivas y limitando y canalizando las demandas revolucionarias alrededor de causas sociales delimitadas que puedan ser objeto de debate y formulación constitucional. De ser exitosa, esta salida abre la oportunidad de explorar nuevos caminos de desarrollo para el país, reconstruir confianza y cohesión social, y subsanar un problema de legitimidad constitucional que hace décadas viene plagando al país. Los principales obstáculos a este escenario residen en la desconfianza de gran parte de la población respecto de la capacidad del gobierno de liderar un cambio de este tipo, la lejanía de sus personeros frente a estas ideas de democracia y el actual estado de desarticulación de la propia ciudadanía en protesta, más parecida a una multitud que a un pueblo constituyente unido por una voluntad compartida.

La vía de la revolución: derrocar el sistema neoliberal

Si bien la idea del nuevo pacto social ha recibido amplia aprobación sobre todo por parte de los grupos de izquierda más moderada, no es este el grito que más se logra escuchar en la calle. Por el contrario, las protestas suelen pedir reformas de corte estructural que van desde la eliminación del sistema de AFP, al potenciamiento de la salud pública, la ‘democratización’ del agua y una educación más digna para todos y todas. Esta interpretación concuerda en diagnosticar como principal causa de la crisis el modelo neoliberal y su tendencia a incrementar la desigualdad, el malestar y los privilegios, además de su falta de sustentabilidad en términos medioambientales.

Los sostenedores de esta interpretación son muy escépticos de los intentos de reforma avanzados por el Ejecutivo, que se ven como soluciones ‘parche’ que no atacan las causas estructurales del problema. Además, a menudo esta semántica tiende a describir el estallido social en Chile como una revolución social, una oposición de los desposeídos frente a los abusos del sistema capitalista.

Al igual que en la primera vía, en este escenario se debe distinguir entre posturas ‘moderadas’ y ‘radicales’. En efecto, las primeras se acercan más a la ya examinada vía del nuevo pacto social, insertando una reforma radical de la actual política económica del país entre las prioridades de un nuevo programa de gobierno, del cual sin embargo quedarían excluidas las actuales clases dirigentes. En contraste, otros extienden las demandas mucho más allá, exigiendo que se logren deshacer todas las formas de desigualdad, se redistribuya la riqueza, se destituyan mercados, se nacionalicen el cobre y otros recursos naturales del país, entre otras peticiones orientadas a revertir el actual modelo de desarrollo.

El éxito de esta vía revolucionaria depende en gran medida de la capacidad de mantener la movilización. Este escenario enfrenta diversos problemas. En primer lugar, queda siempre abierta la posibilidad que, puesta con la espalda al muro por la radicalidad de las peticiones, la clase dirigente termine por decidir volver al estado de emergencia e incluso intensificar los medios de represión. En este caso, es muy probable que, por ambos lados del enfrentamiento, se llegue a nuevos niveles de violencia, sin que se logre avanzar hacia una salida pacífica del conflicto por lo menos en el mediano plazo. El equilibrio social y económico del país se vería probablemente mermado en este caso.

A continuación, el carácter no partidista de la protesta, si bien una de las causas centrales de su popularización, es también su mayor debilidad. Una de las ventajas de las movilizaciones dirigidas por partidos políticos es que éstos, por su capacidad de organización, tienen más mecanismos disponibles para estimular y reactivar la demanda. En este sentido, la ausencia de una organización formal impide que los participantes de la protesta puedan definir en detalle sus demandas y manejar su presentación en medios de prensa y en la comunicación del gobierno, en tanto carecen de voceros que les permitan distinguir entre aquellas acciones que reflejan sus intereses y aquellas que no. De esa manera, para los propios manifestantes se hace difícil marcar una distancia entre quienes demandan reforma social y quienes aprovechan la confusión para perpetrar actos vándalicos y de protesta. Esto ha sido aprovechado por el gobierno para delegitimar a los propios manifestantes y establecer la idea que, fuera de unos pocos vándalos y delincuentes, la mayoría de los chilenos estaría en acuerdo con las medidas propuestas por la administración.

¿Qué podemos esperar?

Aunque es imposible predecir con certidumbre qué camino tomarán los acontecimientos en Chile, es probable que aquello dependerá de cuál entre estas tres salidas (o cuál combinación entre ellas) terminará prevaleciendo. Cada salida tiene sus riesgos: la vía de la reforma puede resultar en cambios apenas cosméticos y en la emergencia de nuevas movilizaciones en el futuro cercano; la vía de la constitución puede convertirse en una legitimación del status quo detrás de la fachada de mecanismos simbólicos de participación; mientras que la vía revolucionaria puede conducir ya sea a una radicalización de la violencia, o al surgimiento de una figura carismática que, apelando a una retórica de corte populista, adopte la misión de sacar el país del actual tumulto, ya sea reestableciendo el orden, o haciéndose responsable de transformar rápidamente la economía del país.

Cuál de estos futuros posibles terminará realizándose dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en el presente tanto por parte de la clase política como de los protestantes. La etapa de la crisis comienza a decaer y comienza su fase de estabilización. ¿Cómo reaccionaremos ante uno de los mayores desafíos políticos del último tiempo?